La arrendadora de una vivienda en Elda presentó demanda de
resolución del contrato de arrendamiento de vivienda suscrito el 1 de mayo de
2022, al amparo del artículo 9.3 LAU, por necesitar el inmueble para establecer
e él su residencia habitual junto con su marido. Alegó su avanzada edad,
razones de salud relacionadas con la conveniencia de residir en un entorno
próximo al mar y motivos económicos, pues proyectaba vender su vivienda
habitual, sita en Elda y destinar parte del precio a sufragar la asistencia de
personal cuidador.
La sentencia de primera instancia desestima la demanda.
La Audiencia Provincial de Alicante, sentencia de tres de
noviembre de dos mil veintiséis, desestima la apelación y confirma la sentencia
de instancia.
Considera la AP que la necesidad contemplada en la ley no
requiere una situación perentoria, inaplazable o absolutamente inevitable.
Tampoco exige que el cambio de residencia venga impuesto por circunstancias
ajenas a la voluntad del arrendador, pues éste conserva su libertad para
establecer su domicilio en el lugar que considere conveniente. Ahora bien, el
artículo 9.3 LAU no configura una facultad de desistimiento unilateral fundada
en la mera voluntad de recuperar el inmueble, sino una excepción al régimen de
prórroga obligatoria vinculada a la existencia de una verdadera necesidad de
ocupación. Por ello, aunque no sea exigible una situación extrema, la causa
invocada debe presentar una entidad objetiva suficiente que permita
diferenciarla de la simple preferencia, utilidad o mayor comodidad.
La jurisprudencia recuerda que por necesario no ha de
entenderse únicamente lo forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles,
sino aquello que, siendo opuesto a lo superfluo, se sitúa por encima de la mera
comodidad. La apreciación de esta causa debe realizarse conforme a la realidad
social del tiempo en que la norma ha de ser aplicada, sin someterla a una
interpretación tan restrictiva que haga ilusorio el derecho legalmente
reconocido al arrendador. (STS 17/12/2024).
En el presente caso no se ha aportado prueba médica que
permita considerar que el traslado a una localidad costera resultara
aconsejable para la salud de los demandantes, ni se han acreditado concretas
limitaciones funcionales, necesidades asistenciales o circunstancias personales
vinculadas a las características o emplazamiento de la vivienda arrendada. La
avanzada edad de los actores constituye un elemento susceptible de valoración,
pero, aisladamente considerada, no permite atribuir la condición de necesidad
jurídica a su preferencia por residir junto al mar.
Tampoco quedaron acreditadas al tiempo de interponerse la
demanda las razones económicas invocadas. La parte actora sostuvo que
proyectaba vender su vivienda habitual de Elda y destinar parte del precio
obtenido a sufragar la asistencia de personal cuidador. Sin embargo, no aportó
prueba suficiente sobre su situación económica, el coste de la asistencia
personal que afirmaba precisar, la efectiva necesidad de contratarla ni la
insuficiencia de sus recursos para atenderla sin proceder a la venta.
La venta posterior tampoco puede erigirse, por sí misma, en
fundamento autónomo de la estimación. La necesidad prevista en el artículo 9.3
LAU debe justificar el ejercicio de la facultad de recuperación y no resultar
creada mediante una actuación posterior dirigida a hacer efectiva una opción
residencial previamente adoptada. Ello no significa que toda necesidad derivada
de una decisión voluntaria deba quedar excluida, pero sí que, cuando la
situación habitacional resulta de la enajenación voluntaria de la vivienda en
la que se residía, han de concurrir y acreditarse otras circunstancias
objetivas que permitan distinguir una necesidad efectiva de la mera preferencia
por ocupar el inmueble arrendado.