En distintas
ocasiones hemos puesto de manifiesto que el demora del inquilino a la hora
de pagar el alquiler puede ser un motivo suficiente para que el casero solicite
judicialmente el desahucio.
Sin embargo conviene subrayar que un simple retraso en el
pago de la renta no es motivo suficiente para dar por terminado el alquiler.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de treinta
de septiembre de dos mil quince así lo confirma.
En un contrato de arrendamiento firmado el 2 de noviembre de
1991, en el que se pactaba que la renta había de ser pagada en los cinco
primeros días de cada mes, el casero interpone demanda de desahucio el 13 de octubre, porque a esa fecha no se
había pagado el alquiler del mes de
octubre de 2014.
Afirma en esa demanda que no procede admitir la enervación
del desahucio porque el inquilino había sido requerido de pago de
modo fehaciente con anterioridad a la presentación de la demanda, con fecha 9 de julio de 2009.
La demandada
satisfizo la mensualidad de octubre de 2014 el día 14; la de diciembre el día 9
y la enero de 2015 el día 14.
El Juzgado de 1ª Instancia desestima la demanda y la Audiencia
Provincial confirma la sentencia del Juzgado.
Considera la Audiencia respecto a la enervación que la
arrendadora negó a la arrendataria la posibilidad de enervar la acción,
infringiéndose de esta forma una norma imperativa, ya que el requerimiento del
pago efectuado en el año 2009, por el retraso en pago de una mensualidad de
renta, julio de 2009, no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, ya que el requerimiento de pago de las rentas debe ser por las que después
se invoque en la demanda como impagadas.
Hay que indicar que la parte demandada ha incurrido en un
simple retraso en el pago de la renta, no estando justificado, en el presente
caso, declarar la resolución del contrato de arrendamiento, con un período de
vigencia de dieciocho años, cuando ha sido la propia arrendadora la que ha
consentido el retraso en el pago de la renta. Y así en las propias alegaciones
del recurso de apelación se reconoce que durante la vigencia del contrato de
arrendamiento se ha producido un retraso habitual por parte de la arrendataria
en cuanto a su obligación de pago de las rentas, sin que por esta circunstancia
se hubiera ejercitado con anterioridad acción resolutoria, por lo que se
considera que la resolución pretendida en el procedimiento, en que se ha
dictado la resolución recurrida, no se ajusta a las exigencias de la buena fe, ya
que se presentó la demanda de desahucio unos días después de vencer el plazo para
hacer efectiva la renta, sin haber efectuado un requerimiento previo.
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