HECHOS:
Contrato de arrendamiento de local de negocio de fecha 10 de
enero de 2018.
Con fecha 15 de enero de 2021 la arrendadora interpone demanda de
desahucio por falta de pago de las obligaciones derivadas del contrato.
El Juzgado de Primera Instancia dicta sentencia de 13 de
enero de 2022, que estima íntegramente la demanda de desahucio y reclamación de
rentas.
La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de
apelación de la arrendataria, sentencia de 2 de junio de 2023.
El Tribunal Supremo, sentencia de 24 de julio de 2024, desestima
el recurso de casación y confirma las sentencias anteriores.
Considera el Supremo que el recurso de casación se funda en
un único motivo en el que se denuncia la infracción de los arts. 3.1 y 1105 CC.
Para justificar el interés casacional, la recurrente cita
como jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo a la que se opondría la
sentencia recurrida citando distintas sentencias explicando que en estas
sentencias se establecen los elementos característicos de la fuerza mayor, como
ser imprevisible, irresistible e inevitable, y que el Covid-19 reúne estas
características.
A efectos de delimitar la cuestión sobre la que debe
pronunciarse la sala, debemos partir de que la sentencia de primera instancia
declaró que la arrendataria demandada no podía acogerse a las normas dictadas
con ocasión de la crisis sanitaria del Covid-19 por no cumplir los requisitos
exigidos para ello. La recurrente no recurrió en apelación este
pronunciamiento, que quedó firme, y la cuestión no se vuelve a mencionar ni es
objeto del recurso de casación.
En todo caso, como la recurrente invoca la causa de fuerza
mayor que supuso el Covid-19 a los efectos, dice literalmente, "de que no
pueda apreciarse la existencia de situación de impago, fundamentadora del
desahucio", debemos señalar que, así expresadas, sus alegaciones no pueden
ser aceptadas.
Para que el deudor quede liberado de su obligación es
preciso que la prestación sea imposible, conforme a los arts. 1182 y 1184 CC
que, sin prejuzgar la facultad resolutoria del acreedor sinalagmático, permiten
que el deudor de una prestación que ha devenido objetivamente imposible quede
liberado de su obligación. Y en este caso la prestación debida por el deudor de
pagar las rentas, en cuanto deuda de dinero, sigue siendo posible. Incluso, la
misma recurrente las consignó para poder apelar en este procedimiento de
desahucio. No puede afirmarse que la arrendataria quedara liberada de su
obligación de pagar la renta por causa de fuerza mayor.
En definitiva, el recurso de casación debe ser desestimado
porque la recurrente parte de que la obligación de pago se hizo de imposible
cumplimiento y de que por este motivo quedaría liberada de la deuda y la
arrendadora no podría exigir que se pudieran en marcha los mecanismos que pone
a su disposición el ordenamiento en caso de incumplimiento. Sin embargo, por lo
dicho, las circunstancias que expone tendrían que ver con las dificultades para
cumplir, pero son ajenas a la imposibilidad sobrevenida como causa de extinción
de las obligaciones propia de la fuerza mayor que ha invocado en el recurso de
casación.
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